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EL INCREMENTO DE LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: EL REVERSO DEL REAL DECRETO-LEY 28/2018

Actualizado Jueves 24/01/2019 16:15 horas

EL INCREMENTO DE LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL:
EL REVERSO DEL REAL DECRETO-LEY 28/2018

 

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Parece haberse consagrado como práctica legislativa en la normativa reguladora del régimen jurídico de la cotización a la Seguridad Social, que disposiciones de enorme calado en las empresas, se dicten en momentos muy señalados del año más propicios para otras cuestiones. Y no sólo eso, sino que en correspondencia a ese impacto -y a esos momentos-, carecen todas ellas de un periodo de adaptación a las mismas (vacatio legis).

Así pasó el 14 de julio de 2012, con la publicación del Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (que modificó el entonces artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, eliminando algunos conceptos que se excluían de la base de cotización y regulando la exclusión de las indemnizaciones por despido); también el día 21 de diciembre de 2013, con la publicación del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores (que redujo de una forma más drástica los conceptos excluidos de cotización); y, por último, el 26 de julio de 2014 cuando se publicó el Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, por el que se adapta el Reglamento general sobre cotización a la reforma del Real Decreto-ley 16/2013 (introduciendo novedosas reglas de valoración de las percepciones en especie, emancipándose así de las reglas de valoración del IRPF).

Atendiendo a los años en que se dictaron estas normas, se debe señalar que las mismas lo fueron en una época de aguda crisis económica, lo que acuciaba a los poderes públicos para obtener mayores recursos con los que afrontar las necesidades estructurales del Sistema de la Seguridad Social.

Pues bien, siguiendo con esa práctica legislativa, el pasado 28 de diciembre, se promulgó el Real Decreto-ley 28/2018, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que fue publicado el 29 de diciembre.

El presente Real Decreto-ley aborda, declaradamente, como cuestión urgente y prioritaria, la revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas en el año 2019 de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo previsto (IPC).

La Exposición de Motivos de este Real Decreto-ley abunda en los elementos que pretenden justificar su adopción, como extraordinarios y urgentes, si bien, quizá, lo extraordinario y urgente se encuentre más en la situación particular del legislador que en la situación frente a la que dictan las medidas que contiene esta norma.

Sin embargo, ese abundamiento en tales elementos oculta las medidas para cumplir el objetivo que persigue el Real Decreto-ley 28/2018: por un lado, el incremento de la cotización empresarial por contingencias profesionales (Disposición Final 5ª) y, por otro, y en menor medida, la derogación de la colaboración voluntaria de las empresas en la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes (Disposición Transitoria 4º y Disposición Final 2ª. Dos).

En otras palabras, podríamos decir que el incremento de las pensiones que se establece para el 2019 se costeará con el incremento del tope máximo y de las bases de cotización, y de los tipos de la cotización empresarial por contingencias profesionales. Sí que declara la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 28/2018 (Disposición Final 2ª. Cuatro) que la penalización sobre los contratos temporales de duración igual o inferior a 5 días, con un incremento de la cotización de un 40%, supondrá una mayor recaudación. Esperemos que esta voluntariosa medida, no se materialice en un incremento de la economía sumergida.

Utilizando la referencia de la doctrina del Tribunal Constitucional de la que se vale el Real Decreto-ley 28/2018 para fundamentar la extraordinaria y urgente necesidad de su promulgación, en particular cuando requiere «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella», resulta más que discutible, sin otras consideraciones, en tanto en cuanto la medida de mayor peso que incorpora –la revalorización de las pensiones– tiene unos efectos limitados al ejercicio de 2019 y los medios para subvenirlas revisten carácter permanente.

Del mismo modo, se corrobora esa calificación de discutible conexión entre un objetivo de alcance temporal limitado con el establecimiento de medidas permanentes, con la suerte de reserva que la Ley General de la Seguridad Social efectúa en favor la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, el artículo 19 de la Ley General de la Seguridad Social dispone que las bases de cotización y sus topes, y los tipos de cotización serán los que establezca cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, si la carencia de conexión que se ha aludido podría revestir un carácter temporal y formal, en lo que se refiere al incremento de tipos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la desconexión es manifiesta, atendiendo al espíritu eminentemente finalista de la cotización por estas contingencias.

El artículo 146 de la Ley General de la Seguridad Social, al regular la cotización por riesgos profesionales, contempla que se realizará mediante unos tipos de cotización para cada actividad económica, ocupación, o situación, fijando dichos tipos en atención al coste de las prestaciones y las exigencias de los servicios preventivos y rehabilitadores. Este carácter propiamente asegurador se observa cuando nos indica que se podrán establecer, para las empresas que ofrezcan riesgos de enfermedades profesionales, tipos adicionales, en relación a la peligrosidad de la industria o clase de trabajo y a la eficacia
de los medios de prevención empleados. Por último, se observa también en la previsión sobre la posible reducción o incremento de los mismos, en función de la conducta del empresario sobre la intensidad en la asunción de sus obligaciones en materia de seguridad y salud. 

 

EL INCREMENTO DE TIPOS DE COTIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.


Como se ha indicado anteriormente, y con efectos de 1 de enero de 2019, la Disposición Final 5ª del Real Decreto-ley 28/2018 modifica la Tarifa de primas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, contenida en la Disposición Adicional 4ª de la Ley 42/2006.

Para apreciar el impacto que sobre todas las empresas supondrá este incremento, desde el día 1 de enero de 2019, la cotización por los trabajos exclusivos de oficina a que se refiere la clave ocupacional “a” del Cuadro II de la Tarifa de primas, se efectuará aplicando a la base de cotización por contingencias profesionales el tipo del 1’50%, en lugar del 1%. Es decir, el coste de Seguridad Social por contingencias profesionales de estos trabajadores se incrementará en un 50%.


Pero como este tipo de cotización es el más bajo de la Tarifa de primas–al presumirse que en la actividad de oficina los riesgos son de escasa entidad–, opera, a su vez, como el margen inferior de la Tarifa, por lo que su incremento al 1’50% ha supuesto que se proyecte o extienda dicho margen a aquellas actividades que cotizaban por un tipo correspondiente a su CNAE inferior al 1’50%, incrementándose ahora en la diferencia subsistente.


Es decir, desde el 1 de enero de 2019, el tipo de cotización más bajo de la Tarifa de primas (ya se cotice por el Cuadro I o por la ocupación “a” del Cuadro II) será el 1’50%. Una vez descontado el efecto que para todas las empresas supone el incremento de la cotización por el personal de oficinas (ocupación “a”), para determinados sectores la elevación del tipo al 1’50% va a suponer un notable aumento de estas partidas económicas.


Así, desgranando el impacto de la subida de tipos en las concretas actividades económicas, se obtiene la siguiente repercusión:

1.- Para las actividades económicas de Confección de prendas de vestir (CNAE-14) y Actividades de fotografía (CNAE-742), ha supuesto un incremento de estos costes del 66’67%, al pasar el tipo de cotización del 0’90% al 1’50%.

2.- Para el sector financiero y de seguros, y el de educación, dado que el tipo de cotización se eleva del 1% al 1’50%, representa un incremento del 50% de los costes hasta en 5 actividades económicas de estos sectores, como son:
- Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (CNAE-64).

- Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria
(CNAE-65).

- Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros (CNAE-66). 

- Investigación y desarrollo (CNAE-72).
- Educación (CNAE-85).

Si la subida supone un incremento de por sí elevado (50%), el impacto se acrecienta por el elevado número de trabajadores que ocupan estos sectores de actividad.

De modo ilustrativo, y tomando como referencia los datos recogidos por el Departamento de Estadísticas delMercado Laboral del INE, en el último trimestre del año 2018, el número de personas adscrito al sector financiero (actividades económicas: CNAE- 64, CNAE-65 y CNAE-66) asciende a 427.800 empleados, y el de educación (CNAE-85) ocupa a 1.241.600 trabajadores.

3.- Respecto a las actividades del sector de peluquería y actividades del hogar, correspondientes a Peluquería y otros tratamientos de belleza (CNAE-9602), y las Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (CNAE-97); al elevarse los tipos del 1’10% al 1’50%, el incremento de costes se cifra en el 36’66%. Acudiendo a los datos del INE, se observa que el personal adscrito a la actividad económica del CNAE-97 (Actividades del hogar) en el último trimestre del 2018, asciende a 625.500 personas.

4.- La siguiente modificación afecta a los sectores de servicios de hostelería, radio y televisión, y al sector artístico y de espectáculos, entre otros, suponiendo un incremento de costes del 20%, dado que los tipos de cotización en estas actividades se elevan del 1’25% al 1’50%.

Estas actividades económicas, en particular, son:
- Servicios de alojamiento (CNAE-55),
- Servicios de comidas y bebidas (CNAE-56),
- Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical (CNAE-59)
- Actividades de programación y emisión de radio y televisión (CNAE-60),
- Actividades de las agencias de noticias (CNAE-6391),
- Actividades de creación, artísticas y espectáculos (CNAE-90),
- Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (CNAE- 91), y,
- Actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE-92).

Siguiendo con los ejemplos anteriores, según el INE, este aumento de los tipos de cotización afectaría a empresas que dan ocupación a más de 2.069.300 personas, siendo el caso más llamativo el del personal adscrito a la actividad correspondiente al CNAE-56, Servicios de comidas y bebidas, con un total de 1.370.600 personas.

5.- Las actividades jurídicas y de consultoría también se ven afectadas por esta modificación, en tanto en cuanto los tipos se elevan del 1’35%al 1’50%, lo que representa un incremento de costes del 11’11%. Concretamente, las actividades a las que afecta son las de Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (CNAE-62); Actividades jurídicas y de contabilidad (CNAE-69); y Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial (CNAE-70). Así, el número de personas afectadas por esta subida en los tipos de cotización por contingencias profesionales asciende a 780.800 personas, según los datos del INE respecto al tercer trimestre del año 2018.

6.- Para el sector de telecomunicaciones y de las empresas de centros de llamada (call center), el incremento de los costes está en un 7’14%, al haberse incrementado el tipo de 1’40% a 1’50%. Las concretas actividades económicas afectadas son: Telecomunicaciones (CNAE-61) y Actividades de los centros de llamadas (CNAE-8220).

7.- Por último, se ha producido un notable incremento en el caso de la cotización que deben efectuar las empresas de trabajo temporal (ETT), en el caso de que concierten contratos de puesta a disposición para trabajos de carga y descarga. Si a las ETT se les aplicaba un tipo promedio (2’75%) por la variedad de actividades que pueden realizar sus trabajadores en función de la actividad de las empresas usuarias, con la reforma operada por el Real Decreto-ley 28/2018 se ha introducido una excepción “X” (que anteriormente se preveía para las actividades del CNAE-52, correspondiente al  almacenamiento y actividades anexas al transporte), debiendo cotizar en estos casos por el tipo del 6’70%. Por el contrario, hay dos actividades del sector de la agricultura, que ven minorados sus
tipos de cotización, reduciéndose de un 2’25% a un 2’00%. Estos son los casos de las actividades de: Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos (CNAE-0113), y Otros cultivos no perennes (CNAE-0119). La reducción supone una bajada de los costes del 11,11%.

 

CONCLUSIÓN
La justicia de la revalorización de las pensiones es de tal dimensión que no cabe ponerla en cuestión. Lo que sí debe cuestionarse es que, para garantizarla, se acuda a disposiciones normativas previstas para circunstancias extraordinarias y urgentes, que, a su vez, articulen medidas que obtienen un efecto rápido e inmediato para la obtención de recursos –como es el incremento de bases y tipos de cotización–, pero que pueden redundar negativamente en el propio equilibrio financiero del sistema, bien por un aumento del desempleo, bien por el incremento de la economía sumergida.

 

Álvaro M. Rodríguez de la Calle

Inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia (Fiabilis Consulting Group)

Sofía Escobar Aleixandre

Abogada (Fiabilis Consulting Group)

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